Manifiesto y Decálogo de la Red Ciudadana por el Derecho a la Información y la Comunicación

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La Red Ciudadana por el Derecho a la Información y la Comunicación ha preparado para su presentación pública el próximo 22 de octubre, una propuesta de decálogo y de manifiesto para que sirvan como herramienta de trabajo y sean debatidos y ratificados en la primera asamblea que la entidad haga después de este acto.

En el decálogo se afirma que «la información no es una mercancía, es un derecho ciudadano. La ciudadanía tiene derecho a recibir una información suficiente, imparcial, plural, veraz y contrastada.» También se reivindica que «Hace falta un organismo independiente que vele por el derecho a la información y la comunicación. Catalunya se tiene que dotar de un organismo independiente de los intereses políticos y económicos para regular, ordenar y, si procede, imponer sanciones». En el manifiesto se dice que «la Red Ciudadana por el Derecho a la Información y la Comunicación se constituye como una plataforma de entidades sociales que promueve la concienciación, el debate y la movilización social para pedir la regulación de los derechos a la información y a la comunicación, con el objetivo final de la mejora de la calidad democrática». n que «el derecho a la información no depende ni puede depender exclusivamente de la ética individual del periodista cuando desarrolla su trabajo. No se puede hacer recaer en los actos individuales y concretos de un profesional la garantía de este derecho fundamental, y menos todavía cuando los periodistas están sometidos a presiones laborales y económicas. Tampoco ha funcionado la idea de la autoregulación de los propios medios. Las empresas informativas, con intereses políticos y económicos, no pueden ser jueces y parte si el que se quiere es conseguir un sistema de comunicación democrático». Se constata que «desde los movimientos sociales no se ha priorizado la defensa del derecho a la información como se ha hecho con el del derecho a la salud o a la educación, ni se ha elaborado una estrategia colectiva.» En el manifiesto se considera también que «el derecho a la información no depende ni puede depender exclusivamente de la ética individual del periodista cuando desarrolla su trabajo. No se puede hacer recaer en los actos individuales y concretos de un profesional la garantía de este derecho fundamental, y menos todavía cuando los periodistas están sometidos a presiones laborales y económicas. Tampoco ha funcionado la idea de la autoregulación de los propios medios. Las empresas informativas, con intereses políticos y económicos, no pueden ser jueces y parte si el que se quiere es conseguir un sistema de comunicación democrático».

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